domingo, mayo 31, 2020
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Cristóbal Sántiz preso por dar voz a un pueblo indígena atacado y desplazado

Texto: Leonardo Toledo, Isaac Guzman Fotos: Isaac Guzman

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Las agresiones armadas a familias son cotidianas en Los Altos de Chiapas, México, No han parado desde que se instaló el paramilitarismo en enero de 1994 a la fecha (con el Plan de Campaña Chiapas, diseñado por el Ejército Mexicano para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

 

En el municipio de Aldama -donde habitan Bases de Apoyo zapatistas-, un conflicto territorial ha sido el supuesto motivo de ataques armados constantes desde enero de 2018 y más de 2,000 personas han sido desplazadas hacia parajes alejados en las montañas donde no pueden alcanzarlas las balas.

 

Los constantes disparos provienen siempre del mismo lugar, una comunidad llamada Santa Marta, ubicada en el vecino municipio de Chenalhó. Los puestos de ataque (unas trincheras construidas con costales de arena) se ven a simple vista desde las comunidades atacadas de Aldama, cuyas casas están visiblemente dañadas por los impactos de alto calibre.

 

De día y de noche llueven disparos sobre las frágiles casas, sobre sus campos de cultivo.Disparan a hombres y a mujeres, a niños y niñas, a adultos mayores. Muchas personas han abandonado sus tierras y sus viviendas ante el temor de ser asesinadas.

 

 

 

Desde el inicio de ese conflicto, una persona asumió la tarea de “vocero” para contar la crisis humanitaria desatada por la violencia armada. Las y los desplazados por esta violencia eligieron a Cristóbal Sántiz Jiménez —promotor cultural y autoridad tradicional— como la voz de la llamada Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama.

 

Como representante ha hecho una ardua labor de denuncia del grupo armado y de señalar violaciones a los derechos humanos por parte de quienes tienen la obligación de mantener la paz y la seguridad.

 

A mediados del años pasado, Alejandro Encinas y Rutilio Escandón lo invitaron a una protocolaria firma de “acuerdos de paz”, y unos días más tarde acompañó a un grupo de funcionarios públicos federales y estatales que acudieron a Aldama y Chenalhó para anunciar lo que llamaron el “banderazo por la paz”, donde se comprometieron a trabajar por la reconciliación y a investigar los ataques. Al día de hoy los ataques siguen, las trincheras de Chenalhó no han sido desmanteladas y el grupo armado no ha sido desarticulado.

 

Cristóbal siguió denunciando, defendiendo a las y los comuneros que quieren regresar a sus tierras y a sus casas. Su último mensaje fue difundido el pasado 6 de marzo con información de un ataque armado a las comunidades de Coco y Tabak.

 

 

Para impedir que lo hiciera el grupo armado lo amenazó de muerte mientras que funcionarios públicos exigían su silencio bajo la amenaza de encarcelarlo. Cristóbal decidió no callarse y siguió denunciando los ataques, que no han parado. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, informó este martes 24 de marzo sobre un nuevo ataque.

 

El 14 de marzo pasado el gobierno del estado cumplió su amenaza y lo detuvo a las 6:50 de la mañana, al salir de su trabajo como velador del CECATI 133, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Lo mantuvieron incomunicado por cinco horas antes de informar a su familia y llevarlo al Cereso del Amate, en Cintalapa.

 

Lo único que hizo Cristóbal fue dar su voz para defender a la gente desplazada, cumplir con su cargo, denunciar la violencia y a la falta de acción de los gobiernos, que sólo han servido para tomarse fotos y brindar con pox (bebida tradicional en los pueblos originarios de Chiapas) con los criminales. Esos criminales que al día de hoy, siguen libres e impunes.

 

 

 

 

 

 

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