viernes, octubre 30, 2020
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Carlos no es apóstol, está preso: la carta de un prisionero de la revuelta en Chile

Fotografía: Marcelo Garay | Ruta 35

Marcelo Garay | Ruta 35

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En la misiva, escrita de puño y letra desde el interior del penal Santiago 1, Carlos Marchant dice tener fe “en que todo esto valdrá la pena” e insta a seguir luchando para hacer de Chile “un lugar justo”.

“Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no. Soy un luchador social que cumple una tarea…”

Con esa cita del Presidente Salvador Allende, Carlos Marchant cierra la carta que hizo llegar a su familia, amigos y vecinos, desde la cárcel donde permanece acusado por agredir a un policía que asegura jamás vio ni tocó.

Recluido desde el pasado 20 de noviembre bajo cargos que su familia cuestiona, este poblador de la comuna de La Granja, es uno de las más de 2 mil mujeres y hombres que hoy permanecen en prisión preventiva a lo largo de todo el país, en medio de la revuelta popular en Chile.

Hoy está recluido en la cárcel concesionada Santiago 1 junto a casi un centenar de presos, en su mayoría jóvenes, todos detenidos en medio de las manifestaciones callejeras que se han registrado en Chile desde el pasado 18 de octubre.

Cuesta su carta. Conmueve, recoge. Sobre una hoja de cuaderno ha escrito, allí en un rincón de su celda, un mensaje de esperanza, letras altivas que drenan orgullo en la voz sencilla de su joven esposa Silvana, al momento de leerla.

“Estar encerrado es difícil. Tengo fe que todo esto valdrá la pena, que la tortura que hoy me aplican a mí y a mis compañeros presos tendrá sentido. Les pido que nunca dejen de luchar. No por mí, sino para que de una vez por todas Chile sea un lugar más justo. Yo no bajaré mis brazos espero ustedes tampoco”, advierte.

Su familia denuncia que el miércoles 20 de noviembre, cuando Carlos regresaba desde la Plaza Dignidad junto a su sobrino, ambos fueron interceptados por sorpresa en las cercanías de avenida Bilbao con Parque Bustamante por un grupo de sujetos que se movilizaban en una camioneta de color blanco.

“Era una camioneta blanca y eran todos policías…venían con banderas mapuche, encapuchados. Tomaron a mi hijo por detrás, lo ahorcaron y lo redujeron. Mi hermano, les rogó que lo soltaran, por eso está preso. Mi hermano está preso hoy por suplicarle a esa hueá de paco que se lo llevara también, para no dejar solo a su sobrino”, dice María Marchant, hermana de Carlos y madre del menor M.R. detenido junto a él.

“Atraparon a mi hijo primero. Le cargaron la mochila con el soporte de una cámara Gopro que andaba trayendo uno de los pacos”, añade María, sin esconder su rabia. A Carlos y a su hijo los acusan de robar una bicicleta, dos teléfonos celulares y una mochila. A pesar de que pudieron quedar en libertad o con una medida cautelar inferior a la prisión preventiva, el Ministerio Público les impuso cargos por Ley de Seguridad Interior del Estado.

“Resulta que mi hijo está arriesgando 3 años y un día y mi hermano 5 años y un día. Dijeron que ellos habían robado una bicicleta, que era del paco. La bicicleta, la mochila y dos teléfonos. Y eso hace una deuda de 2 millones de pesos. Los acusan de que ellos le rompieron la cabeza a un policía.

 

El policía en bicicleta

 

María acusa que todas las “pruebas” para acusar a su hijo y su hermano son falsas. Esa noche, cuando Carlos y el menor M.R se desplazaban por el parque Bustamante para encontrarse con el padre de María, a eso de las 21:00 horas, el grupo de sujetos se dejó caer sobre ellos y les arrestó por su supuesta participación en la agresión a un policía de civil que merodeaba las manifestaciones en bicicleta, la tarde de ese miércoles 20 de noviembre.

María no esconde su sospecha y la de su familia cuando describe los hechos por los que su hijo y su hermano arriesgan penas de cárcel. Ese día la agresión a ese policía, dice, fue instigada por otros policías infiltrados.

“Son 37 testimonios calcados. No hay ni una coma más ni un punto menos. Son todos testimonios de los pacos, todos pacos hueones infiltrados que incitaron una agresión a un mismo funcionario para tomarlos detenidos. Nosotros no tenemos videos. Ellos tienen los videos, pero no quieren mostrarlos”, relata.

Es el reclamo de María. Su hermano sigue en prisión y su hijo está con arresto domiciliario nocturno. Eso luego de pasar por un recinto del Sename donde, dice angustiada María, tuvo que defenderse para no ser agredido por otros internos.

“Ellos tienen videos, pero no quieren mostrar esas evidencias porque allí se ve que mi hermano jamás le pegó, y tampoco han encontrado nada de los objetos por lo que los están acusando por robo”, explica.

“Mi hijo está mal. Pese a que ahora tiene reclusión nocturna, no sale del dormitorio, porque lo pasó pésimo. Mi hijo no es delincuente, solo piensa diferente. Él da una lucha, porque sabe de nosotros que somos una familia de esfuerzo, con un pensamiento distinto”, defiende.

La represión no se ha detenido allí. María relata que aun cuando los policías del sector no han cumplido con controlar el arresto domiciliario nocturno de su hijo, sí han sido objeto de acoso y hostigamiento por parte de civiles que, a todas luces, son funcionarios policiales.

“Somos acosados casi todos los días por funcionarios de civil. Nosotros tenemos lienzos denunciando la detención de nuestros familiares y nos intentan intimidar, nos acosan. Pasan de noche, encienden la baliza”, denuncia.

Ni hablar, agrega, del funcionario del Sename que fue a su casa para el papeleo de la supervisión que le corresponde a dicha institución. “Trató a mi hijo como un delincuente”, asegura.

 

¿Voh soy mapuche…?

 

El pesar de María lo vive hoy también la esposa del poblador de La Victoria, Mauricio Cheuque. El 14 de noviembre, día en que se conmemoró un año del asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca, fue detenido y acusado de portar artefactos incendiarios. Tras escuchar su apellido, vino la discriminación, las burlas, golpes y tortura a manos de los policías de la 51 comisaría.

“¡Ah, voh soy mapuche!… te dejamos un regalito en el bolso”, le dijo uno de los aprehensores.

“Lo atropellaron, lo torturaron por ser mapuche”, sentencia su esposa en las afueras del penal Santiago 1.

“Quién me paga todo este sufrimiento, el de mi familia y mis cuatro hijas. Ellos destruyeron mi vida, mi marido es un trabajador. Los de la 51 (comisaría) de la población La Victoria le pusieron una bomba molotov en la mochila. Le hicieron el peritaje de corrosivos en las manos y no tiene nada”, detalla.

Silvana, esposa de Carlos, dice no rendirse. No le teme a los hostigamientos y confía en la inocencia de su marido. Sin bajar la guardia, se hace eco de lo que Carlos expresa en su carta.

“Ellos (los presos) van a seguir peleando, nosotros vamos a seguir peleando, porque esta injusticia que vive él, la están viviendo muchas familias que hoy están siendo destrozadas, vulneradas. Esto es una represión constante, pero es también un cambio social”, asegura.

A Mauricio Cheuque le dieron dos meses de investigación. A Carlos Marchant y su sobrino setenta días. Similar suerte están corriendo la gran cantidad de los presos a lo largo del país, léase en penales de mujeres y de hombres.

La movilización social en Chile continúa y todo dice que la cifra irá en aumento. Sin ir más lejos, de acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el 3 de diciembre, 8,466 personas visitadas en comisarías. De ese total, un porcentaje considerable ha debido enfrentar formalizaciones ante los tribunales del país por distintas imputaciones.

Revisa a continuación la carta escrita por Carlos Marchant: Haz click en la imagen para verla completa.

 

 

 

 

Ruta 35
el autorRuta 35
Ruta 35 es un proyecto de periodismo de campo que combina investigación con datos y entrevistas, y narrativa escrita y en imágenes. Su objetivo es indagar a fondo historias específicas que expliquen por sí mismas realidades de América Latina complejas y controvertidas que merecen la atención de la opinión pública.
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