Los Altos de Chiapas son el escenario de un capítulo más de desplazamiento forzado causado por violencia armada que afectó a más de 5.000 personas y sigue vigente. Hasta el momento 11 personas han muerto y el peligro sigue latente.

Texto: Rodrigo Soberanes

Fotos: Xavier Ferré

A María Girón primero se le murió su madre cuando la familia entera tuvo que esconderse de los paramilitares en la montaña porque habían comenzado a disparar en las inmediaciones de su casa. A la señora se le complicó una enfermedad respiratoria y falleció. Un año después volvió el conflicto armado y el padre de María perdió la vida en iguales circunstancias.

“Murió por la tos, se le hinchó todo el cuerpo. Se empeoró cuando se escondió en el monte cuando hubo disparos, ese fue el motivo por el que murió. Llegamos al hospital pero ya no hubo remedio”, así relató María Girón el deceso de su padre desde un campamento de familias desplazadas.

La misma violencia armada que orilló a la muerte a los padres de María Girón, recientemente causó un desplazamiento forzado masivo. Hace al rededor de cuatro meses, la Diócesis de San Cristóbal de las casas -con sus sacerdotes activos en terreno recorriendo las zonas del conflicto- calculó más de 5.000 personas desplazadas. La Organización de las Naciones Unidas prefirió manejar una cifra más conservadora: 4.000.

Esto ocurre en Chalchihuitán y Chenalhó, dos municipios localizados en la región indígena conocida como Los Altos de Chiapas, -una de las zonas más pobres y convulsionadas de México- que sostienen desde hace 45 años un conflicto territorial con la intervención armada de grupos paramilitares.

Un niño Tsotsil desplazado en Chalchihuitán, Chiapas, afuera de su refugio. Foto: Xavier Ferré.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un total de 11 personas perdieron la vida. Una murió de un balazo y el resto fueron víctimas de su precaria condición de salud que se agravó con las condiciones extremas a las que se sometieron mientras se escondían en las montañas.

La salida forzosa de sus casas a causa de la violencia armada es una situación que se repite dentro de esa población que pertenece a la cultura tzotzil. “Cada dos o tres años resurgen incidentes en las tierras en conflicto”, contó Rafael Landerreche, trabajador social desde hace más de 15 años en la zona.

“Salimos con ancianos y ancianas. Nos disparan cuando estamos en nuestra casa, ya tiene años que comenzó. Pareciera que somos animales”, exclamó María Jiménez Pérez desde un punto reunión de personas desplazadas en en Chenalhó.

Las personas de mayor edad que fueron desplazadas en este episodio reciente muestran su desesperación porque han llevado una vida precaria por décadas y siempre han tenido que estar pendientes de los disparos que asustan a las familias por las noches.

“Hace cuatro años con los disparos salimos otra vez, hace tres años salimos otra vez, hasta este momento estamos también desplazados. Sufrimos mucho, hay ancianos y ancianas, hace mucho frío . Los niños están enfermos de tos y catarro por el frío. No está bien sufrir así, queremos que nos lleven a nuestras casas”, exclamó una de las mujeres de mayor edad en uno de los campamentos de desplazados, en las inmediaciones del límite territorial en disputa.

En los rumbos de la línea divisoria entre los dos municipios (hay una carretera que va haciendo curvas y entra y sale de los dos municipios) están numerosas casas quemadas, saqueadas y con disparos de bala de alto calibre. Adentro están algunos rastros de la vida que llevaban estas familias y que ahora están refugiadas en campamentos de pequeñas edificaciones de plástico, pasando frío y con problemas de salud.

Una de las casas ubicadas en los límites de Chalchihuitán y Chenalhó que fueron saqueadas y quemadas. Foto: Xavier Ferré.

El 14 de diciembre, gobierno de Chiapas anunció el fin del conflicto con una resolución favorable a Chenalhó decretada por el Tribunal Unitario Agrario de México. Según cifras oficiales, el 2 de enero retornaron tres mil 858 personas pero otras mil 165 se quedaron en los campamentos, de acuerdo con cifras recabadas por agentes comunitarios.

De acuerdo con personas entrevistadas en los campamentos (parte de esos mil 858 que no volvieron), la paz y el desarme anunciados, no fueron reales. De hecho, el ayuntamiento de Chalchihuitán emitió un comunicado advirtiendo de los “daños irreparables” a las familias desplazadas que todavía estaban a expensas de los disparos.

Esos “daños irreparables” de la violencia armada y el desplazamiento están personificados en María Girón Pérez, hija de Domingo Girón Luna, un señor de 62 años que iba enfermo cuando tuvieron que escapar y no aguantó el frío de las montañas chiapanecas.

En noviembre de 2016 la familia de María ya había pasado por un episodio idéntico cuando escucharon disparos y corrieron hacia lugares más altos para salvar sus vidas. En esa ocasión murió María Pérez Girón.

También están personificados en la situación que vive la familia Pérez Paciencia, que intentó volver a casa después de tres meses de desplazamiento forzado en Chiapas pero a pocos minutos de estar ahí se escucharon disparos y tuvieron que volver a su campamento. Sus casas son de las que están quemadas, saqueadas y baleadas en la línea divisoria de los dos municipios.

“Ya hemos intentado llegar a nuestras casas. Hace una semana fuimos con mi hermana y con mi mamá y cuando llegamos nos vieron y nos dispararon”, contó Ausencio Pérez Paciencia desde el Campamento Uno, en la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, un pequeño conjunto de casitas improvisadas donde está la prueba de que la emergencia sigue vigente.

La familia Pérez Paciencia fue expulsada de su casa y lleva más de tres meses viviendo un un campamento. Foto: Xavier Ferré.

Médicos Sin Fronteras ha dado atención a nueve comunidades donde hay personas desplazadas después del decreto de paz del gobierno. De acuerdo con esa organización, el conflicto sigue sin resolverse y las víctimas del desplazamiento forzado están luchando por conservar su salud física y mental mientras esperan que el gobierno por fin confisque las armas y puedan volver a sus casas.

La Diócesis de San Cristóbal de las casas calcula que hay más de mil personas desplazadas y además muchas más que volvieron a sus casas pero siguen a expensas de posibles ataques armados.

La cara más cruda del paramilitarismo en esa región de Chiapas se mostró el 22 de diciembre de 1997 cuando un grupo armado asaltó la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, donde decenas de indígenas tzotziles estaban en su segundo día de ayuno y oración. Pedían por el fin de la violencia armada, de los saqueos, de los asesinatos, de las quemas de casas y de los desplazamientos forzados. El resultado del ataque fue el asesinato de 45 personas desarmadas, en su mayoría mujeres y niños.

Fue el día de la Masacre de Acteal, que ocurrió tres años después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eran tiempos en que el gobierno mexicano implementaba el Plan de Campaña Chiapas 94 que consistía, entre otras acciones, en entrenar y armar a población civil para contrarrestar al EZLN y sus simpatizantes.

La organización pacífica Las Abejas de Acteal simpatizaba con el EZLN y se negó a colaborar con los grupos armados, por eso se convirtieron en un blanco. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, esos mismos grupos paramilitares siguen activos y entrando en escena cada vez que son requeridos.

Niños juegan en un campamento junto a la estructura que será su casa hasta que puedan volver a sus hogares. Foto: Xavier Ferré.

De acuerdo con el párroco de Chenalhó, Manuel Pérez, en esa región hay una violencia estructural que se ha alimentado durante décadas. En noviembre pasado, la Relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpus, intentó visitar la comunidad de Acteal pero la violencia que se había desatado en la región y sus protocolos de seguridad causaron la cancelación de la visita y el encuentro tuvo lugar en otro municipio.

Esa visita concluyó con un comunicado emitido por la ONU donde hace un llamado a “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida”.

*La versión original de este reportaje fue producida y publicada por Animal Político.

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