Altos de Chiapas: hace 45 años que no paran las balas

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Un conflicto territorial de hace décadas con presencia de grupos paramilitates tiene desplazadas a miles de personas en una de las zonas más pobres y convulsas de México. Es una crisis humanitaria con mujeres y niños como principales afectados.

Por Rodrigo Soberanes

Las balas comenzaron a caer en las casas durante la noche. Entraron por ventanas y techos de lámina. Las familias que salieron huyendo no entienden realmente quiénes ni por qué los agredieron. Hasta ahora se libraron de los tiros, pero vivir desplazados durmiendo al aire libre entre la maleza y sin alimentos, está consumiendo su salud. 

Desde el primer día de noviembre los tiros siguen asustando a las familias por las noches en comunidades aledañas a los límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en la zona de Los Altos de Chiapas, en el sureste de México, donde una añeja disputa territorial ha traído de vuelta la violencia armada, causando el desplazamiento de más de 4000 personas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El primero de noviembre nosotros salimos porque llegó bala a mi casa así que así estamos los hombres y mujeres, en el día en las casas y en las noches se salen, por eso las mujeres en este momento no están en sus casas” contó desde la comunidad de Las Limas, en uno de los tres accesos de Chenalhó a Chalchihuitán que fueron bloqueados, Gilberto Santis, agente municipal de la comunidad.

Dentro de Chenalhó, en la comunidad de Mojompepentic hay casas quemadas a orilla de carretera y otras con la fachada derribada. Las personas que vivían ahí se fueron hacia el monte a esperar que pase la violencia.

En Fracción Poloh -otra comunidad de Chenalhó- está una casa con cuatro balazos incrustados. Dos entraron por el techo de lámina, otro golpeó la pared y uno más entró por la ventana, pasando por encima de las personas que estaban dormidas. En esa habitación -con camas y un fogón al lado- todo ha sido agitación desde la agresión. Ahí no se duerme ya.

“Cuando nos dispararon estábamos durmiendo, la bala pasó por arriba, al aire. Ya no dormimos y nos desvelamos”, exclamó una madre de familia con sus hijas al rededor, todavía dentro de la casa.

En Fración Poloh comienza el camino hacia las montañas que han seguido más de 800 personas desplazadas y que no han tenido más opción que construir estructuras de madera, poner un techo con lo que se pueda (ramas, plásticos o láminas de cartón) e instalar un fogón para hacer tortillas y calentar frijoles y sopas de pasta.

Hilario Paciencia, desplazado de esa comunidad, hizo un esfuerzo para expresar en español la situación por la que su esposa, hijas y él, están pasando. “Estamos sufriendo mucho. Necesitamos maíz y láminas para techo”, exclamó.

En los reclamos que se escuchan dentro de esta comunidad, una de las pocas palabras en español que se decía era “desplazados” porque no existe una palabra específica en tsotsil, su lengua, que signifique la situación que viven.

La región donde están los campamentos de desplazados las viviendas improvisadas están separadas una de otra. Su experiencia les enseña que es mejor dispersarse para evitar ser cazados como las 45 personas desarmadas asesinadas a sangre fría el 22 de noviembre de 1997 en Acteal, una comunidad que está detrás de un par de montañas, a 20 minutos de Fracción Poloh en coche.

“No están juntos, están dispersados para salvar sus vidas”, explicó el sacerdote Marcelo Pérez, párroco del vecino municipio de Simojovel, quién ha estado presente en los campamentos de los dos municipios publicando en sus redes sociales cómo viven las personas desplazadas y traduciendo los mensajes del idioma tsotsil al español.

Para los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, la salida forzosa de sus casas a causa de la violencia armada es una situación que se repite. “Cada dos o tres años resurgen incidentes en las tierras en conflicto”, contó Rafael Landerreche, trabajador social desde hace más de 15 años en la zona.

Los de mayor edad puede narrar toda una vida de sucesos violentos con armas de fuego y desplazamientos multitudinarios desde 1973, cuando fueron aprobados unos planos que trazaban los límites entre los dos municipios y tres años después se echó abajo con la firma de un nuevo convenio.

Ahora, como desde los años 80, Chalchihuitán reclama 800 hectáreas a Chenalhó, en los dos municipios hay grupos armados -“paramilitares”- y en los dos lados de la zona de conflicto hay familias desplazadas.

“Hace cuatro años con los disparos salimos otra vez, hace tres años salimos otra vez, hasta este momento estamos también desplazados. Sufrimos mucho, hay ancianos y ancianas, hace mucho frío . Los niños están enfermos de tos y catarro por el frío. No está bien sufrir así, queremos que nos lleven a nuestras casas”, señaló de forma contundente una de las mujeres afectadas.

De acuerdo con el recuento realizado en terreno por el padre Marcelo Pérez y personas que le ayudan a recolectar información, en Chalchihuitán hay más de 4 800 personas desplazadas, mientras que en Chenalhó la cifra supera las 900 personas, entre ellas hay seis mujeres embarazadas.

“Salimos con ancianos y ancianas. Nos disparan cuando estamos en nuestra casa, ya tiene años que comenzó. Pareciera que somos animales”, exclamó María Jiménez Pérez desde un punto reunión de personas desplazadas en la comunidad en Chenalhó.

Durante un recorrido realizado por el padre Marcelo Pérez y el párroco de Chenalhó, Manuel Pérez, Ruta 35 constató las condiciones que la ONU llamó “precarias e inhumanas” en las que sobreviven las familias. Desde sus edificaciones improvisadas, las y los afectados pedían cosas tan básicas como frijol, azúcar, jabón, maíz y láminas.

Pero la principal demanda era poder volver a sus casas donde dejaron sus pertenencias y sus medios de trabajo. “Allá dejamos nuestros animales y todas nuestras pertenencias porque nuestras vidas están amenazadas”, insistió María Jiménez.

El gobierno de Chiapas informó el viernes que envió -a más de un mes del inicio del conflicto- al Grupo de Respuesta Inmediata con brigadas de salud, protección civil y la policía, con el apoyo del Ejército.

En un comunicado emitido también este viernes, la ONU “urgió” al Estado Mexicano a resolver la crisis de desplazamiento interno forzado, sin señalar responsabilidades en específico a ninguno de los niveles de gobierno.

Es un comunicado de “profunda preocupación” precedido de la visita a Chiapas de la relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpus, el pasado 14 de noviembre, en la que constató las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se viven en este estado.

Esa visita concluyó con un llamado a “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida”.

 

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