México: “Acoso e intimidación” contra opositores a planta de la Coca Cola

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La Coca Cola dio un motivo más de anojo a la población de San Cristóbal de las Casas, un importante municipio de Chiapas donde ha recibido críticas por el uso abusivo de los recursos hidráulicos del lugar.

Por Ruta 35

Chiapas, México.- El acuerdo para la construcción de una planta potabilizadora de la Coca Cola en un humedal considerado sagrado y con dos títulos de protección ambiental en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ha levantado protestas y causado denuncias de agresiones físicas entre opositores y personas que apoyan el proyecto.

La empresa Coca Cola-FEMSA ofreció al Sistema de Alcantarillado y Agua Potable (SAPAM) del ayuntamiento de San Cristóbal “donar” una planta potabilizadora que daría servicio a varias colonias del Valle de Jovel y que sería construida en el humedal María Eugenia, uno de los dos cuerpos de agua protegidos por el gobierno de Chiapas y que además tiene la declaración de Sitio Ramsar.

Ambas instituciones acordaron la donación de la planta para beneficiar a cinco colonias (Campanario, Bosques del Sol, La Amistad, El Pedregal y Real del Monte) con la limpieza del agua, algo que según los inconformes, no es necesario, pues aseguran que el agua de el humedal cumple con la norma de agua potable.

La construcción de esa planta, en opinión de los vecinos que se oponen, es una medida de la Coca Cola para apropiarse del agua, comercializarla y utilizarla para su producción de refrescos azucarados.

Las protestas de los vecinos, ambientalistas y simpatizantes de otras zonas de San Cristóbal iniciaron desde 2015, y en más de dos años la escalada de tensión ha sido constante. Incluso, algunos de ellos han recibido medidas cautelares ante posibles agresiones de dueños de los predios incluidos dentro del humedal María Eugenia, que tiene una superficie de 115 hectáreas.

Este humedal de montaña -un tipo de humedal considerado como ecosistema raro en México y el mundo- se encuentra en medio de una zona donde en los últimos años ha avanzado la urbanización a gran velocidad, causando afectaciones que se notan a simple vista, con casas, anuncios de venta de predios y zonas rellenadas con piedra y residuos de construcciones.

La urbanización presiona al sitio protegido en predios que son de propiedad privada. ©Rodrigo Soberanes/Ruta35

En una denuncia pública realizada en días pasados, los opositores a la planta potabilizadora acusaron una “campaña de acoso e intimidación” que -aseguran- comenzó desde 2015 luego de un conato de violencia entre un grupo de hombres que irrumpió en la colonia FETSE 2001, donde viven varios vecinos que se oponen a la lotificación de los predios y a la construcción de la planta potabilizadora.

La disputa y el enojo de los colonos subió de tono en septiembre pasado cuando les comunicaron “de manera informal” sobre el inicio de las obras de construcción de la planta potabilizadora y pese ha que se han realizado reuniones entre autoridades, empresa y ciudadanos, no existe ningún acuerdo y las posturas permanecen encontradas.

El 6 de octubre el dueño de un predio situado dentro de la zona protegida tuvo un altercado verbal con los activistas. A ese episodio siguió la muerte de una perra raza Rottweiler (propiedad del ambientalista León Ávila) por envenenamiento y la colocación de un cerco en el terreno donde se encuentran los dos nacimientos de agua del humedal y el centro ceremonial del lugar sagrado, cerrando el acceso al público.

Dos días después habitantes de decenas de colonias se congregaron en el lugar en disputa para realizar una jornada de limpieza del humedal y una marcha por las calles de las inmediaciones. Siete días más tarde, el propietario de otro de los predios del humedal María Eugenia protagonizó otro altercado más después de una discusión.

“La reacción del propietario es quitar las mantas alusivas a la protección del espacio natural, destruye la caseta de vigilancia construida con la cooperación de los vecinos, es cortada la cadena con la cual se cerraba la puerta de acceso y se descompone el portón (lo embistió con su camioneta) de entrada de la colonia FSTSE 2001”, señala la denuncia pública.

El humedal María Eugenia fue decretado Área Natural Protegida por el gobierno de Chiapas (decreto 138) con el criterio de “promover, orientar y regular el crecimiento económico regional bajo criterios ambientales que atienden la conservación de los recursos naturales y la diversificación productiva” marcado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los opositores denuncian que estos criterios no están siendo procurados por el gobierno chiapaneco y los dueños de los predios defienden su derecho a usufructuar sus propiedades.

El humedal de montaña María Eugenia abastece de agua limpia a parte de San Cristóbal y alberga especies endémicas de peces, reptiles y anfibios, algunas de ellas en peligro de extinción como el pez Popoyote y el Chipe Cabeza Plateada.

De acuerdo con información conseguida por las organizaciones opositoras sobre el proyecto de la planta potabilizadora, la Coca Cola se comprometió a dar agua potable a 500 casas con un flujo de 5.2 litros por segundo, pero la planta tendría capacidad para emitir 9.16 litros por segundo, por lo tanto, hay 3.96 litros restantes que levantan suspicacias.

Lugar sagrado ubicado en el lugar del nacimiento de agua en el humedal María Eugenia. ©Rodrigo Soberanes/Ruta35

No es la primera denuncia pública que pesa sobre esa empresa, el 6 de mayo pasado, en una nota publicada en un medio de la Ciudad de México, el  director de la Defensoría del Derecho a la Salud de Chiapas, Marcos Arana Cedeño, señaló que Coca Cola consume el agua de 200 mil habitantes en San Cristóbal, incentivando además el consumo masivo de bebidas con altos contenidos de azúcar.

El pasado mes de octubre la organización Truthout denunció que la Coca Cola está “desapareciendo” el agua en San Felipe Ecatepec, un pueblo Chiapaneco en cuyas inmediaciones esa empresa extrae más de un millón de litros al día con 40 pozos.

Con esos antecedentes, los opositores a la planta potabilizadora en San Cristóbal, agrupados en 13 organizaciones distintas, creen que parte del agua del humedal de montaña será utilizada para producir refrescos a pesar de que el “donatario”, es decir, la Coca Cola, se comprometió a integrar una contraloría social para dar seguimiento al proyecto con la finalidad de transparentar el proyecto.

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