La captura de John Moreno aumentó el encono social contra un proyecto inmobiliario de origen estadounidense que está desplazando playas, manglares y dunas, y que va rodeando poco a poco a un tranquilo pueblo de pescadores del Pacífico mexicano.

Por Ruta 35

Cada madrugada los pescadores de Punta Lobos salen en sus lanchas a altamar para perseguir algún barco camaronero y darles pan, galletas y refresco a los tripulantes a cambio de cabezas de camarón para utilizarlas como carnada.

Lo hacen por necesidad, en el fondo aseguran que preferirían no depender de ello. Los barcos suelen llegar a las playas de Todos Santos, en Baja California Sur, desde el vecino estado de Sinaloa y practican la pesca de arrastre, lo que implica que se llevan toneladas de camarón y también de crías de pez lenguado, la especie que los pescadores artesanales trabajan y protegen.

Las cabezas de camarón son para los pescadores y los lenguados pequeños vuelven muertos al mar. Por eso, durante décadas, los integrantes de la Cooperativa Punta Lobos han visto cómo se tiran por la borda toneladas de peces muertos y lo han comentado con enojo en sus ratos de descanso por las tardes, cuando termina la jornada.

Pero este es hoy el menor de sus problemas: el gobierno mexicano aprobó en 2013 la construcción de un hotel en la playa Punta Lobos y el abogado que los defendía, John Moreno Rutowski, ha sido encarcelado en plena contienda legal contra la empresa que desarrolla el proyecto.

En el 2004, muy lejos de ahí, en Colorado, Estados Unidos, el Grupo Black Creek gestó una multimillonaria sociedad de negocios inmobiliarios a la que denominó Limited Partnership Interests in Black Creek México Residential Fund, LP para hacer inversiones “principalmente en México”, como lo dejaron en claro en la Security and Exchange Comission, la institución que vigila que se cumplan las leyes en los mercados de valores de ese país.

Era el principio de una historia que se uniría con la de los pescadores y que ahora está cambiando el paisaje y la vida del tranquilo pueblo de Todos Santos, un rincón de hombres de mar, comerciantes y turistas estadounidenses ubicado frente a un santuario de ballenas y playas aptas para el surf.  Pero también una historia de argumentos legales, desplazamientos, desaparición de recursos naturales, lujo, protestas, desalojos violentos, detenciones y encarcelamientos.

Pancarta colocada por los pescadores con mensaje a los turistas que llegan al hotel San Cristóbal. Foto: Ricardo Madrazo.

La playa que ha sido el lugar de trabajo de los pescadores –calculan que sus padres y abuelos trabajan ahí desde hace 100 años-, así como el manglar y los humedales están siendo reemplazados por el hotel San Cristóbal que forma parte de un desarrollo turístico del Grupo Black Creek, cuyo lema principal es “el epicentro del bienestar” . La empresa planea construir 4472 viviendas en 25 años (Todos Santos tiene menos de 6500 habitantes), un tanque para almacenar 400 000 litros de agua y dos hoteles boutique, como el de la playa Punta Lobos.

“Después de toda una vivencia de trabajo, de la noche a la mañana aparece este mega desarrollo Tres Santos diciendo que es dueño de todo y nos avisa el gobierno que ya no tenemos nada”, lamentó Rosario Salvatierra, uno de los pescadores más veteranos de Punta Lobos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto Tres Santos en 2013. Pero la Cooperativa Punta Lobos decidió pelear por su concesión de pesca con la ayuda del abogado John Moreno Rutowski.

“Nosotros le dijimos, mira John, queremos que tu nos ayudes, él dijo sí, yo le entro”, contó Rosario Salvatierra en la playa Punta Lobos.

John Moreno –de nacionalidad mexicana y estadounidense- aboga para que la Cooperativa entre en un litigio para la delimitación de la propiedad privada y para que la zona federal se establezca conforme a sus derechos históricos y título de concesión que les otorga a sus representados la posibilidad de pescar en ese lugar.

John Moreno en el lugar de trabajo de los pescadores de la Cooperativa Punta Lobos. Foto: cortesía de BajaSurTV.

El pasado 19 de mayo, tras más de dos años de litigios, Moreno fue detenido en Todos Santos al salir de su oficina. El abogado fue llevado a la cárcel de La Paz, capital de Baja California Sur, acusado de “despojo” por un caso archivado en 2014 en el que defendió a Joella Corado, una joven también de doble nacionalidad que buscaba recuperar un predio que sus padres le heredaron en Todos Santos.

El caso estaba cerrado “por no ejercicio de acción penal”, es decir, el Ministerio Público determinó en ese momento que no habían elementos suficientes para continuar con la denuncia interpuesta por la otra parte, la persona que decía tener en su poder la propiedad familiar de Joella Corado. Pero tres años después, sin un motivo real aparente, revivió con un nuevo número de causa el proceso, según el abogado Arturo Rubio, defensor de Moreno.

Los pescadores, con nula experiencia previa en pleitos legales contra empresas tan grandes como Black Creek, tienen depositadas sus esperanzas en John Moreno que además de sus conocimientos legales, tiene un perfil que calza con la ideología de los trabajadores del mar.

Moreno Rutowski es un litigante de Todos Santos con rango de jefe en la tribu Siux Lakota y con un amplio bagaje de oposición a proyectos que atentan contra el medio ambiente.

“Mis raíces, las creencias de mi etnia, del pueblo que me ha adoptado se encuentran íntimamente relacionados con la tierra, la madre naturaleza y profesan y siguen un principio que es que la tierra no es de nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra y la tenemos que cuidar y proteger. Esa es nuestra obligación”, dijo John Moreno en una entrevista exclusiva concedida a Mongabay Latam, desde el locutorio de la prisión.

“Ahora tenemos a nuestro asesor jurídico en la cárcel”, se lamentó Salvatierra en Punta Lobos.

Desde sus oficinas de Todos Santos, Elena Moreno, madre de John, dijo que la experiencia en la cárcel de su hijo forma parte de “su camino” y él lo tiene asumido así.

“No, yo considero que esta va a ser una experiencia de vida, lejos de hacer que yo desista, me está fortaleciendo mis convicciones”, dijo Moreno, con las manos en alto colocadas sobre la rejilla.

Pescadores de la Cooperativa Punta Lobos llegan a la costa después de una mañana de trabajo. Foto: Rodrigo Soberanes.

El camino a la cárcel

Un antecedente que causó enojo entre la opinión pública de Baja California Sur –incluyendo a ciudadanos norteamericanos- es la forma en que ocurrió la detención de Moreno.

La Fiscalía de Baja California envió a tres agentes, que John Moreno conoce, a detenerlo. No le mostraron una orden, sino que le pidieron su colaboración voluntaria. “Me subieron a la unidad y no fue hasta que me trasladaron a la Procuraduría de Justicia que me informaron el motivo de mi detención”, contó Moreno.

Para acusar a John Moreno de un caso que se archivó en el 2004 y que, según su abogado, no tiene sustento legal alguno para ser reabierto, la Fiscalía de Baja California Sur realizó una comparecencia en la que además ordenó su detención. El detalle es que para que esta medida legal sea efectiva, era necesario que el acusado este presente.

La Fiscalía de Baja California Sur asegura que Moreno acudió, mientras que la defensa sostiene que es falso, que nunca se presentó. Para demostrar esta versión, Rubio contrató a Franco Merlos Humberto, un perito en criminalística, grafoscopía y dactiloscopia.

El especialista determinó que las firmas de Moreno fueron falsificadas y los documentos fueron fabricados con fotocopias de otras comparecencias. “Las firmas de la supuesta comparecencia son falsas y también el documento con el que supuestamente se acredita”, aseguró Franco Merlos en entrevista telefónica.

Esto se repite tanto en los papeles de la declaración del acusado como en los del demandante y los dos agentes ministeriales que también declararon.

“Me dí cuenta de que las firmas no son de John Moreno y para decir que sí compareció, ponen esa copia fotostática de su credencial de elector. De los ministeriales simplemente me di cuenta de que las credenciales no son originales, son tomadas de otra averiguación. Son comparecencias que no existieron, está clarísimo”, afirmó el perito.

El estudio con las pruebas de la falsificación de documentos fue presentado ante la juez pero hasta el momento no han influido en sus decisiones.

Según Rubio, estas pruebas son motivo suficiente para que se anule el proceso e incluso -dijo- se debería investigar a los posibles responsables.“Es un delito grave, es un delito de falsificación contra la administración de justicia. Es un delito que se persigue de oficio y que por sí mismo anulaba toda la actuación del ministerio público”, dijo Arturo Rubio, el abogado de John Moreno.

Mongabay Latam intentó conseguir una versión directa sobre el caso de John Moreno vía telefónica de la Fiscalía de Baja California Sur pero hasta el momento ha sido imposible. La versión oficial es la que dio en un comunicado del 19 de mayo, día de la detención, donde se explica en breve que “la persona afectada” se presentó a la Fiscalía (no se especifica la fecha) para denunciar a Moreno y Joella Corado por el delito de despojo cometido el 21 de junio de 2014.

Es decir, una persona que se encargaba de un desarrollo inmobiliario que se realizaba en el terreno se acercó después de tres años para denunciar a Moreno y por esa razón se reabrió el proceso.

“Cuando en 2017 le empieza a pesar a Tres Santos la presión entre los tribunales administrativos y vía amparo que estaba haciendo John y su equipo de trabajo, es cuando la Procuraduría reactiva los asuntos viejos. Mandan a llamar al encargado del desarrollo le dicen que sí tenía derecho”, explicó Arturo Rubio

El Ministerio Público explica en el comunicado también que consiguió las pruebas suficientes para detener al representante de los pescadores.

“La razón real de mi detención es que hemos interpuesto cinco denuncias populares en contra de un proyecto inmobiliario llamado Tres Santos que tiene autorizaciones que violentan la ley ambiental federal y las leyes en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos en el Estado”, manifestó Moreno Rutowski, con dos guardias custodiándolo a sus espaldas.

El 24 de mayo, cinco días después de la captura de Moreno, un juez federal confirmó los derechos de la Cooperativa Punta Lobos para “proteger su playa tradicional contra la amenaza de desplazamiento planteado por Tres Santos”, de acuerdo con un comunicado difundido por la propia organización pesquera. El asunto sigue en curso.

 Vista de la playa Punta Lobos antes del inicio de la construcción del hotel San Cristóbal. Foto: cortesía BajaSurTV.

Mar de fondo

Los pescadores de la Cooperativa y el abogado John Moreno no son los únicos que están convencidos del daño que se causará al medio ambiente en la playa de Punta Lobos.

En noviembre de 2015, la especialista Paula Angeloni del Castillo, bióloga con especialización en Oceanografía y asesora técnica de los pescadores de Punta Lobos, envió una carta al secretario de Medio Ambiente, Carlos Cota. En ese documento se advertían las consecuencias de construir sobre dunas y humedales.

“Paradójicamente, lo primero que hicieron fue destruir el mangle de un humedal aledaño a la playa y luego construir sobre la primera franja de dunas costeras de Punta Lobos, siendo que ambas acciones atentan contra el medio ambiente”, sostuvo Angeloni.

Para la bióloga, las dunas costeras juegan un papel central para asegurar la conservación de la playa. “Construir de esta manera en este lugar ecológicamente tan frágil no es responsable y la naturaleza rápidamente se encargó de demostrarlo”, agregó la especialista.

Seis meses después de que la empresa Tres Santos quitó las dunas y rellenó los humedales con cemento para la construcción del hotel San Cristóbal, “se originó un verdadero desastre ecológico y social”, contó Paula Angeloni. Desapareció la playa frente al hotel, las olas llegaron a sus paredones, las rocas que habían colocado fueron arrastradas y golpearon las lanchas, y se erosionó el camino de los pescadores hacia su lugar de trabajo.

Vista de la playa Punta Lobos después del inicio de la construcción del hotel San Cristóbal. Foto: cortesía BajaSurTV.

Ese camino es el mismo que utilizan los lugareños de Todos Santos para ir a la playa. Es el rincón preferido porque el oleaje es tranquilo y les permite meterse al mar. Punta Lobos es además la playa más cercana a Todos Santos.

La empresa Tres Santos argumentó que la llegada de las olas a su muro de cemento se debió a un factor natural llamado “mar de fondo” y se ofreció a pagar por los daños a las embarcaciones y a las instalaciones de los pescadores.

“Si la hipótesis del mar de fondo es la cierta –añadió la especialista Paula Angeloni en su carta-, cabe preguntarse ¿cómo una empresa que se dice verde construye sobre la primera fila de duna de playa y cómo la Semarnat autoriza que se construya un muro de contención tan cercano al mar?”.

El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, declaró en febrero de 2017 que en el proyecto Tres Santos está “todo en orden”, según una nota publicada por la web El Informante de Baja California.

Antes de las acciones legales, los pescadores hicieron un pliego petitorio de ocho puntos dirigido a Tres Santos. El primero de ellos es que se realice una delimitación de la zona federal (protegida por ley) basada en las mareas históricas que deje a salvo humedales y manglares. Eso no ocurrió y el mar les dio la razón.

Las peticiones de los pescadores a los inversionistas también incluyeron el retirar las construcciones que erosionen la playa, que se delimite su área de trabajo, “conservación y protección del Estero de Lobos; no ocupación, edificación, ni uso que no sea propiciar y proteger flora y fauna silvestre de dicho hábitat y demás humedales de la zona”. Esas son sus condiciones para que se construya el hotel en las inmediaciones de su zona de trabajo.

Tres Santos asegura que siempre ha buscado el diálogo con los pescadores y que ha hecho una serie de propuestas. Les ofrecieron públicamente garantizarles que ayudarán a que conserven sus concesiones de pesca, pagar los daños causados por la llegada del mar hasta sus lanchas a causa del “mar de fondo”, libre acceso a la playa con un camino pavimentado y construirles nuevas instalaciones.

Después de la entrevista a Salvatierra, ya en una plática distendida, los pescadores hablaron unas dos horas sobre el caso y coincidieron que llegarán “hasta las últimas consecuencias” por la desconfianza que tienen en Tres Santos.

Pero no todos los pescadores están en contra. Un grupo de la playa Punta Lobos, organizados en la Cooperativa Todos Santos, sí accedió a los ofrecimientos de la empresa y cedió la superficie donde colocaban sus lanchas. Ahí ahora está la explanada del hotel boutique y sus embarcaciones están junto a las de la Cooperativa Punta Lobos.

Buscamos comunicarnos vía telefónica con la empresa Tres Santos para contar con su versión, pero hasta el cierre de este artículo no pudimos contar con ella.

Actuación policial

A John Moreno lo detuvieron en el momento “más álgido” de la contienda legal, según su abogado, Arturo Rubio. La captura –dijo Rubio- está precedida por un total de cinco denuncias presentadas por Moreno y su equipo que estaban obstaculizando a Tres Santos.

“Se está combatiendo la manifestación de impacto ambiental, se está denunciando daño a las dunas, a los humedales, a la zona de la playa, el daño al manglar es criminal. Conforme comenzó a avanzar el movimiento contra el desarrollo, de repente empezaron a hostigar a John”, dijo el abogado en la entrevista.

El encarcelamiento, según la defensa, también estuvo precedido de amenazas contra Moreno, por lo cual, pidió garantías al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

En Todos Santos hay más personas que dicen haber recibido llamadas intimidantes por las noches. Tres activistas, incluido el periodista de BajaSurTV, Ricardo Madrazo, están denunciados y andan por la calle con sus amparos en la bolsa, una medida legal que protege a las personas que creen que están en riesgo y que consideran que sus derechos pueden ser vulnerados.

La disputa entre los pescadores y la empresa Tres Santos pasó de las instancias judiciales a la protesta social cuando entre 2015 y 2016 los trabajadores del mar bloquearon una de las entradas al hotel San Cristóbal y detuvieron la construcción. El plantón –recuerda Rosario Salvaltierra-, terminó con un desalojo de los pescadores, la mañana del 2 de febrero de 2016, por decenas de policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur y policías municipales de La Paz.

El periodista Ricardo Madrazo, documentó el desalojo. Testigos vieron a funcionarios públicos y empleados de Tres Santos llegar con la policía e incluso dar indicaciones para mover a los pescadores.

Esteban Beltrán Cota, un funcionario de la Secretaría de Gobernación de Baja California junto a Beatriz Ledesma, subdirectora de proyectos de Tres Santos, presenciaron el desalojo y el retiro del campamento montado por los pescadores, según consta en los videos publicados.

John Moreno acompañando a los pescadores en el momento del desalojo. Foto: Ricardo Madrazo.

John Moreno hizo varias peticiones de información sobre ese operativo a las instituciones encargadas de impartir la seguridad pública porque, según los testigos, y basándose en la presencia de la empleada de Tres Santos, Beatriz Ledesma, se trató de una acción solicitada por la empresa.

John Moreno y sus clientes, quienes fueron desalojados, querían saber si los policías habían actuado por orden del Estado o como guardias privados de Tres Santos.

El ayuntamiento de La Paz respondió a Moreno que el director de Seguridad Pública, Arturo Torres Valverde, y los elementos a su cargo, sí actuaron en el desalojo y admitieron que no registraron el procedimiento. “No se cuenta con documentación que soporte su actuación en los términos que usted solicita”. La Secretaría de Gobernación también fue cuestionada por el abogado, y la respuesta fue que no hubo “instrucción alguna, documento, autorización ni mandamiento”.

Los 48 días que lleva en la cárcel, John Moreno, los ha sobrellevado lo más aislado posible del resto de la población penitenciaria, dentro de su celda, sin llamar la atención, analizando su situación jurídica.

“No paso a las áreas comunes, no me meto con nadie, me reservo lo más posible para no involucrarme en cualquier tipo de cosa que me pusiera en riesgo de algún tipo”, le contó Moreno a Mongabay Latam desde el locutorio de la prisión.

Sentado del otro lado de la rejilla, aseguró que su encarcelamiento está relacionado con el poder que hay detrás del proyecto que, con sus recursos legales, está tratando de impedir que los pescadores de la Cooperativa Punta Lobos ejerzan su defensa

El músculo de Black Creek Group

Hay datos y números que describen la fuerza del Grupo Black Creek en México, fuerza a la que se enfrentan John Moreno y los pescadores.

En 2010, antes del inicio de Tres Santos, la presencia de Black Creek Group en México era de un capital de 2.5 billones de dólares. No es un secreto que el brazo derecho de esta empresa es el Grupo Mexico Retail Properties (MRP), bajo el cual operan varias filiales y que es controlado por Gerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado del ex presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari.

Una de las filiales es MIRA Companies, que utiliza fondos de inversión para comprar y administrar propiedades en distintas partes de México con el mismo concepto de Tres Santos, con ofertas de bienestar, vida saludable y espiritualidad para potenciales clientes estadounidenses.

En este tranquilo lugar, catalogado por el gobierno mexicano como Pueblo Mágico, la presencia de MIRA llegó sin ninguna publicidad escrita en español (todo en inglés) y se instaló en los alrededores. “Es un destino para un grupo exigente de viajeros experimentados que anhelan una alternativa a lugares como Phoenix o Cabo. Aquí, usted encuentra el exotismo y el encanto del viejo mundo. Aquí usted puede vivir en la autenticidad”, reseña Tres Santos en su página web, donde promociona la construcción de un concepto “boutique”, según se ve en sus instalaciones ya construidas.

Mientras tanto, el sábado 1 de julio, unas 300 personas marcharon por el malecón de La Paz. Participaron personas de nacionalidad mexicana y estadounidense, y exigieron la liberación de John Moreno y de Joella Corado. La marcha fue además un espacio para las manifestaciones de la tribu siux.

Marcha realizada en el malecón de La Paz para exigir la liberación de John Moreno. Foto: Rodrigo Soberanes.

El martes 4 de julio se celebró una audiencia en la que la defensa esperaba que el juez fijara una fianza para John Moreno y quedara libre en los próximos días. De acuerdo con Elena Moreno, madre de John, la parte acusadora solicitó suspender la audiencia pero esta sí se llevó a cabo. “Ahora estamos esperando la resolución del juez”, dijo.

Elena Moreno, quien estuvo al tanto de la audiencia, informó que el juez decidió tomarse más días para “revisar a fondo” el caso. La liberación de Moreno no tiene fecha.

John Moreno dijo que dentro de la cárcel ha recibido “ciertas amenazas” que considera como una situación común dentro de una prisión.

“La mayor parte del día me la paso dentro de mi celda”, contó Moreno.

Hoy a los pescadores les queda claro que la empresa a la que se enfrentan y que los ha desplazado de su zona de trabajo posee un capital de grandes proporciones.

“La huella dactilar de Tres Santos está en el asunto de John Moreno. Nos estamos atreviendo a decirle al gobierno que eso no se vale”, dijo Rosario Salvatierra entre el bullicio de la hora de llegada de las embarcaciones, que comenzaban a entregar sus mercancías a los compradores.

*Este reportaje fue producido por Mongabay Latam

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