La agresividad de la contaminación ha dejado una serie de secuelas a lo largo de cincuenta años. Murió la productividad de la tierra y también la riqueza de la bahía. Esa es la situación que actualmente enfrentan las poblaciones de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, ubicadas en la provincia de Valparaíso, V región del país, sede del Congreso Nacional.

Texto: Sebastián Balcázar

Fotos:  Víctor Ruiz Caballero

Son las siete de la tarde en la caleta de Quintero, provincia de Valparaíso. Ya pertrechados con las potas, los ganchos, el café y los alimentos, los tripulantes sueltan amarras para embarcarse en la pesca nocturna. El regreso se fijó para las primeras luces de la madrugada. Algunos botes salen con tres navegantes, otros con cuatro. Altamar es lo que les queda. La bahía está muerta.

Capturar la jibia es un trabajo duro. Con el agua más arriba de los tobillos, en medio de la noche, suben los moluscos jalón tras jalón, de uno en uno. La embarcación es el único punto luminoso en cientos de metros a la redonda. Ya no queda bacalao ni tiburones ni anchovetas ni congrio ni sardinas ni jurel ni palometas ni merluza. Hace dos años que la jibia es el producto obligado.

“Yo siempre digo que tenemos toda la tabla periódica acá abajo. El daño es gigante. Antiguamente los viejos sacaban de todo, pero si ahora se nos termina la jibia, no nos queda nada”, sentencia Hugo Poblete, dirigente del sindicato pesquero S24 de Quintero.

La que antes fue una caleta costera activa y transitada, hoy subsiste con algunos puestos y locales pequeños. La cadena de restaurantes tradicionales carece de comensales, el turismo también se ha ido a pique. Por la mañana, mientras instalan sus tiendas y comparten el desayuno, una de las comerciantes identifica los últimos episodios que han golpeado a la población: “los derrames fueron la lápida que nos faltaba”.

El 24 de septiembre de 2014, la rotura de una conexión entre el buque LR Mimosa y el terminal de puerto produjo, según un informe de la Gobernación Marítima, el vertimiento de 38 700 litros de petróleo al océano. Fue el primero de una seguidilla de derrames, separados uno del otro en promedio por 10 meses hasta 2016. El segundo ocurrió en agosto de 2015, mientras el buque tanque Doña Carmela reponía combustible. En esa oportunidad cerca de 500 litros cayeron al mar. El último fue en mayo de este año, cuando de la nave Ikaros se empezó a filtrar aceite decantado (slurry oil) por el desprendimiento de un flexible (tubos de acero revestido).

Los tres accidentes ambientales fueron responsabilidad de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que reconoció inmediatamente los hechos a través de comunicados públicos. No obstante, fue acusada de entregar información errónea al momento de enfrentar la emergencia de 2014: “la gerencia de ENAP debe asumir su responsabilidad por la absoluta falta de seriedad en la estimación de los litros derramados. Se ha entregado información falsa dos veces para disminuir el rechazo de la ciudadanía frente a este grave hecho”, denunció la ONG Océana.

Sin embargo, el crudo está lejos de ser el único problema.

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El parque industrial Ventanas, instalado en el límite de las comunas de Puchuncaví y Quintero, fue fundado en 1961 en un contexto de fomento productivo impulsado por el estado a nivel nacional, con la fundición de cobre como principal proyecto de la zona. Desde entonces, la contaminación se ha intensificado con el paso del tiempo: “el campo industrial creció de forma desmedida, sin regulación en ningún término, hay un desorden gigantesco en la bahía. Solo han traído humo y enfermedad”, señala el dirigente pesquero Poblete.

Los suelos fueron los primeros en morir. Atrás quedaron las variedades de plantas, flores y árboles propios de la quinta región, rica en producción de porotos, lentejas, arvejas y trigo. Y es que en sus mejores períodos, bahía y campo se fundían en una sola cultura de pesca y arados. Esa historia ya se borró. Una pobladora de la feria comercial lo grafica así: “Hace 20 años el suelo era muy rico. Encontrabas las napas de agua a seis metros de profundidad. Hoy tienen que pasar los 12, llegar a los 25 incluso”.

La lluvia ácida, producida por la caída de ácidos presentes en la atmósfera debido a las emisiones de las termoeléctricas, quemó los terrenos. Entre 1964 y 2007, la superficie cultivada con cereales y tubérculos se redujo en un 99 %. Los pequeños montículos verdes que hoy se divisan desde la carretera, no son de vegetación, sino de ceniza maquillada. La huella de las termoeléctricas apostadas junto al estero Campiche.

Hoy hay 14 industrias funcionando en el borde costero, incluyendo cuatro termoeléctricas que utilizan carbón y petcoke (residuo tóxico derivado de procesos de craqueo que hacen a las empresas más competitivas y que cuesta alrededor de 1 dólar la tonelada, según su calidad, y que es altamente cancerígeno) como combustible, fundiciones de cobre, cementeras, puertos graneleros y concentrados de cobre.

De balneario veraniego, en su mejor momento, Ventanas pasó a ser un depósito de desechos químicos. No hay turistas en la playa. Apenas algunos adolescentes se recuestan en la arena oscurecida por las seguidas varazones de carbón. “La cochiná más grande han traído estos malditos, perdóneme que se lo diga así”, se lamenta la señora Carola Vega, vecina de 84 años, recolectora de mariscos en su juventud.

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Actualmente, una pesca de entre 3000 y 4000 kilos en jibia se considera exitosa. Cada ejemplar pesa en promedio 50 kilos según la estación del año. A pulso son extraídos desde unos 100 metros de profundidad, un trabajo duro, sobre todo para los más viejos.

Cuando sobrevino la ola de derrames, la comunidad se convulsionó. Los pescadores se “revolucionaron”, en palabras de Poblete, vocero del  S24. Fue el punto de inflexión que generó la unión sindical, se creó el S24 y la bandera medioambiental fue levantada por una fracción de la población, pero el empuje no ha sido lo suficientemente fuerte para darle un giro a la realidad.

“La gran mayoría no reclama porque son amenazados con perder sus trabajos, muchos pescadores se han tenido que convertir. Algunos terminan trabajando para la empresa y las lanchas ya no pescan, son de cabotaje –transporte marítimo realizado en la bahía”, comenta un trabajador. “Al final con esto uno tiene los días contados”.

A pesar de todo, Quintero resiste su actividad pesquera. No ocurre lo mismo 16 kilómetros al norte, en la vecina caleta de Ventanas.

El ocaso de 50 años

Las empresas llegaron con promesas de progreso, con promesas de empleo y de una mejor calidad de vida para la población. Y en un principio fue así. Se formó una fuente laboral importante que se fortaleció en los años 60 y 70, que provocó una explosión demográfica sin precedentes, comentan varios vecinos de la zona. Hasta el día de hoy, las áreas contiguas al parque industrial no cuentan con la infraestructura básica para soportar ese cambio. Ventanas, en su parte baja, ni siquiera tiene agua potable, tampoco tiene alcantarillado. El excremento reposa en la playa cuando lo manda la corriente.

En 1993 el ministerio de Agricultura declaró a Puchuncaví y Quintero como “zona saturada de contaminación” por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (MP10), pero no fue impedimento para que el campo industrial continuara su peligrosa expansión.

Los episodios contaminantes de emergencia se empezaron a multiplicar: varamientos de carbón, nubes tóxicas, presencia de metales pesados en los alimentos. Las consecuencias aún no están claras hacia el futuro. No se ha mostrado voluntad para obtener una respuesta contundente por parte de las autoridades.

“No se ha invertido ni un solo peso en mejoramiento del aire. La Superintendencia de Medioambiente opera muy lento. Se demoraron tres años en que se tomaran en cuenta las denuncias contra AES Gener (multinacional con proyectos termoeléctricos en el lugar). Las empresas dicen que no transgreden la norma, pero es que las normas son muy laxas”, explica Andrés León, activista de Dunas de Ritoque.

Carlos Vega (60) se define como un hombre con genes de mar. Su padre y su abuelo fueron buzos de escafandra, en tiempos donde la claridad de las profundidades ofrecía una vista hacia la abundante riqueza marina que nutría la región. Él también se hizo pescador y buzo, pero eso es parte de un pasado que rememora con nostalgia y un profundo dolor.

Carlos ha visto cómo las empresas han arrinconado a la comunidad progresivamente, apagando su tradición de balneario, de caleta viva. Socavando su actividad económica, destruyendo la hermandad vecinal.

La caleta de Ventanas está inactiva. Unos cuantos esquifes con motor yacen varados en la arena. No hay embarcaciones frente a la playa. A 30 metros de la orilla, sobrevive uno de los últimos paños agrícolas, arado a caballo por Benjamín Cisternas Vega. Buzo. Campesino.

“Si el estero Campiche no estuviera ahí, separando Codelco de las primeras casas siguen pasando pa’ acá estos güeones”, explica Vega, mientras apunta al pequeño corredor de agua verdosa que hace de frontera entre las rejas de la industria cuprífera y la primera hilera de viviendas de la población. “A esta altura nos damos cuenta que estos tipos no quieren que existamos”, afirma.

El trabajo de Carlos y otros compañeros suyos se divide actualmente en dos grandes actividades: limpiar el borde costero y el estero, empleados por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco); y explotar esporádicamente sus áreas de manejo, único momento donde vuelven al agua para sacar loco, un molusco presente en las costas chilenas sometido a múltiples restricciones por la sobreexplotación. Aceptar laburo por parte de una de las industrias contaminantes significó una fractura social que no ha podido ser superada.

Jaime Durán, también buzo, explica cómo se dieron las cosas: “Primero fueron las vedas. Había que cuidar el recurso. Los cultivos estaban contaminados, luego nos llegaron las áreas de manejo marinas. Algunos creímos y nos metimos, los otros se mandaron a cambiar (se fueron). Quedaron sin pega (trabajo) y se alejaron”. Gran parte de esos extrabajadores del mar hoy se dedican a oficios totalmente diferentes.

Compañeros de trabajo por décadas hoy no se quieren ver las caras. En medio se instaló la desconfianza y la sospecha. “Hoy sabemos que la corrupción también llegó acá. Nos tienen peleando entre nosotros, por lucas (dinero), proyectos. Estamos enojados como perros. ¡Qué otra alternativa tenemos!”, dice Durán, resignado.

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Para el año 2006 Puchuncaví y Quintero eran parte de las comunas más pobres del país, y la contaminación contribuía a generar un ciclo vicioso de precarización: se desbaratan las economías locales destruyendo los recursos naturales necesarios para la explotación doméstica, con ello la tradición pesquera perece lentamente, y los hombres de mar pasan a ser hombres de industria.

La mayoría no goza de buena salud. Aumentaron las enfermedades respiratorias y los cuadros de irritación, la asfixia, los mareos, los dolores de cabeza. La comunidad vive cada vez peor. Según el doctor Juan Carlos Ríos, especialista del Centro de Información Toxicológica de la U. Católica, la exposición crónica a agentes contaminantes tiene sin dudas efectos a largo plazo: “El plomo en bajas dosis puede producir daño cognitivo en los niños, disminución de su capacidad intelectual. La exposición a SO2 puede producir irritación de las vías respiratorias y, si es en grandes cantidades, puede generar hasta cuadros de neumonía o edemas pulmonares”.

En 2011, un dramático episodio causó revuelo a nivel nacional: 33 niños y 9 adultos de la Escuela La Greda –ubicada en Puchuncaví– resultaron intoxicados por una nube química que les provocó tos, náuseas, desmayos, vómitos y dolor abdominal. Ese mismo año, un informe solicitado por la subsecretaría de Educación –constató el Centro de Investigación Periodística (CIPER)– dio cuenta de altos niveles de plomo, cadmio, níquel y cromo en los 14 colegios de la zona. El material estaba asociado al proceso productivo de la refinería de cobre Codelco.

Las áreas de manejo destinadas a la pesca artesanal, constata un informe de la Cámara de Diputados del Congreso, también presentan altos niveles de mercurio y plomo. De acuerdo a una denuncia formulada por la ONG Dunas de Ritoque, el informe del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de 2015 arrojó cifras de arsénico que superan 23 veces la norma establecida por el Código Sanitario de Alimentos. La jaiba mora y la jaiba peluda promediaron 24,1 y 57,58 miligramos por kilo respectivamente. La regla tiene como máximo 2 mg/kg.

Para el doctor Ríos, la información no es precisa: “El IFOP entregó estudios sobre arsénico total en los mariscos, no sobre arsénico inorgánico, que es el altamente cancerígeno. Es preciso ser eficientes en los reportes científicos para poder interpretar de manera responsable los resultados”. ¿Por qué el IFOP elaboró un informe que no se hizo cargo de medir adecuadamente la sustancia contaminante?

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Entre 2008 y 2014, se registraron más de 50 varamientos de carbón combustionado en las playas de la bahía, sin que las empresas se hayan hecho responsables. Carlos Vega, que se desempeña también como dirigente, no participa de esas labores de limpieza: “No les hago esa pega a estos tipos. Aquí hay una responsabilidad tanto de las empresas como de las autoridades de Estado”, afirma.

¿Te gustaría volver al mar, con tus compañeros?

“Es lo que siempre he querido, pero la plata nos tiene separados. Nunca vamos a volver a tener lo de hace años. Este modelo le causó un problema a la pesca artesanal, hoy somos más pobres”.

Por su parte, Hugo Poblete sostiene que la pelea es a largo plazo: “Nos cansamos de las incongruencias. Nos dicen que el futuro de la pesca artesanal está en las áreas de manejo, pero están llenas de metales pesados. Ahora entendemos que esto se corta a nivel político y nosotros somos trabajadores. El problema medioambiental es producto del sistema económico, este capitalismo extractivista que genera utilidades rápido y a cualquier costo. Contra eso hay que pelear”. Las fuerzas del S24 están puestas en la organización de trabajadores y la vinculación con el territorio, así harán frente a la contaminación y a otro de sus grandes enemigos: la pesca de arrastre.

Son las 7 de la tarde. Carlos saluda a los últimos vecinos que regresan de comprar el pan. La luz del atardecer relumbra el gris de las chimeneas industriales, se siente un escozor en la nariz y empieza a picar el rostro. Carlos mira hacia la plaza, no hay niños jugando, no conversan adultos mayores. Las calles se vacían temprano. “Una vez, sustentabilidad de AES Gener empezó a entregar canastas de mercadería a la comunidad. Les dijimos que era indigno, los pescadores nunca hemos sido pordioseros suyos, nunca lo vamos a ser. Somos gente de trabajo toda la vida, y como gente de trabajo nos vamos a morir”.

Intentamos contactar a algunas de las empresas involucradas en estos episodios contaminantes para conocer una versión oficial, pero no logramos comunicarnos con sus representantes.

Fotos: Cortesía ONG Dunas de Ritoque, Hugo Poblete y Carlos Vega

Ver aquí la versión original publicada en Mongabay.

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