Los guatemaltecos, como la mayoría de centroamericanos que viajan indocumentados hacia Estados Unidos, emprenden el camino sin grandes maletas y están dispuestos a pasar hambre, frío y muchos riesgos en el intento. Pero lo que ignoran es que aún si logran llegar y enviar remesas, las trampas de los prestamistas pueden dejarlos sin casas, terrenos y terminar de hundir a sus familias en la pobreza.

texto: Rodrigo Soberanes

Fotos: Eny Roland

Patzún, Guatemala.- Lo más difícil para los Majzul no fue despedir al único hombre de la familia cuando emigró a Estados Unidos, sino el hecho de que iba atado a una deuda que crecía cada mes, una bomba de tiempo que sólo podría desactivarse si el plan salía al pie de la letra.

Abel Majzul trabajó dos años, envió remesas y pagó parte de la deuda pero lo deportaron y la bomba le explotó a él y a su familia.

Muchos más viajan igual que Abel: se endeudan con un prestamista local para pagarle al coyote –traficante de personas- que los lleva. Es una tendencia en ese país. Van con deudas sobre sus espaldas que oscilan entre los 4 mil 500 y 9 mil dólares.

La otra opción de los migrantes es ir solos, subirse a trenes de carga en México y esperar a no ser asesinados o sufrir un accidente en el camino.

Abel Majzul se fue debiendo 40 mil quetzales (5 mil 240 dólares), una cifra que crecería cada mes unos 524 dólares por el 10 por ciento de intereses pactados con la firma en un papel sin ningún valor legal, según narra la mamá de Abel, Florinda Majzul, en Patzún, departamento de Chimaltenango.

-Este artículo fue realizado por Diario19.com y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.-

 

En esa construcción de block sin cemento ni pintura, con techo de lámina y puertas de madera reciclada se habla el idioma maya Kaqchikel, se visten solo trajes típicos y se consume básicamente maíz y otros granos. La carne y productos lácteos son lujos ocasionales.

El cúmulo de papeles que la señora Majzul atesora en un folder muestra cómo funcionan los tratos entre prestamistas y migrantes.

No hay electrodomésticos de valor ni un refrigerador. Dos camas, una mesa y dos sillas de plástico son los únicos muebles. No hay joyas. Nada. Lo único que tiene un valor considerable es ese folder con evidencias que ha servido para su defensa.

Florinda Majzul guarda ahí un contrato notarial expedido por un abogado de Patzún donde consta que su casa fue “vendida” por 40 mil quetzales al agiotista Rafael Cabrera Méndez.

Esa deuda es el grillete de la familia, el peso que se hizo inmenso con el correr de los años.

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Dice el documento fechado en diciembre de 2006: “por el presente instrumento público han convenido en celebrar contrato de compraventa de derechos posesorios sobre el inmueble”, es decir, el terreno con dos cuartos donde viven Florinda Majzul, sus dos hijas y sus nietos.

Uno de los que dio fe pública de esa transacción es el abogado Julio César Xiquitá Yool, cuyo nombre figura en citatorios y la denuncia representando al prestamista.

A la postre, el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) denunció a Julio César Xiquitá Yool por agredir a Florinda Majzul durante el intento de desalojo.

Es decir, la parte acusadora exigió la entrega de la casa (luego de que el prestamista ganó el juicio) a pesar de los pagos comprobados mediante recibos bancarios que fueron depositados en una cuenta del prestamista, cuyo valor total se acerca al doble de la deuda original.

“Rafael llegó con sus dos hijos y machete a desalojarnos hace dos años. Nos quería desalojar por su propia mano con los intermediarios que lo acompañaban”, cuenta Florinda Majzul.

Y después describe una escena en la que aparecen sus hijas Sandra, de 20 años, y Brenda, de 22, con bebés y niños. Llanto de las jóvenes, resistencia de Florinda y gritos de los extraños.

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“¡Este sitio es mío, ya no es de usted!”, gritaba Rafael Cabrera, según los recuerdos de Sandra, la más afectada de las tres aquel día de 2014. “Empezó a llorar porque se asustó con los machetes”, cuenta Florinda.

Así, los acontecimientos seguían llevando a esta familia justo en la dirección opuesta al sueño americano de Abel.

La defensa logró en marzo de 2014 que la jueza de Paz de Patzún, Lilián Arcelí Valenzuela, dictara medidas de seguridad para cuidar a las Majzul.

Pero en el documento no se menciona el nombre de Rafael Cabrera, el interesado de sacar a Florinda y sus hijas de su casa, sino el de su ex abogado Julio Xiquitá. Es decir, el mismo que dio fe de la compra venta de la casa en disputa.

“(Se ordena) prohibir al agresor Julio César Xiquitá que perturbe o intimide” a cualquier integrante de la familia afectada, dice el documento.

El abogado obedeció y no solo se alejó de la casita de la familia Majzul, sino también de su cliente Rafael Cabrera, por remordimiento de conciencia, como lo cuenta él mismo: “Desde que supimos bien lo que hacía, dijimos que no, que nos iba a meter en clavos (problemas)”, dijo el ex abogado del agiotista en una entrevista telefónica, en la que se mostró arrepentido de representar al prestamista.

“Vienen las personas queriendo hacer contratos de compra venta y uno da fe a través de un acta pero la negociación es entre ellos. Es la condición que ponen entre ellos y si no hay cumplimiento, se ejecuta”.

Y al decir “se ejecuta” se refiere a que “lo hacen de forma arbitraria”.

-¿Sigue usted litigando casos de estos?, se le preguntó al abogado.

-“Depende. A nombre de don Rafael de plano ya no. Ya ve cómo pasó el caso de doña Florinda”, respondió.

El otro abogado del prestamista que da fe pública en la compra venta de la casa –el origen del problema de esta historia- es Miguel Augusto Nufio Vicente pero no pudimos conseguir su testimonio.

Nufio Vicente aparece en una lista –emitida en febrero de 2015- de abogados inhabilitados temporalmente para ejercer su profesión por el Organismo Judicial de Guatemala por desobedecer dos artículos del Código de Notariado de Guatemala que se refieren al cumplimiento de procedimientos formales que son obligación de los notarios.

Esas son las circunstancias de los dos abogados de esta historia que estamparon sus sellos y firmas en venta de las escrituras de la pequeña casa ubicada en una de las partes altas de Patzún con osos de peluche y ropa colgados con clavos en la pared.

En Guatemala, Julio Xiquitá, Nufio Vicente y cualquier otro abogado puede ejercer como notario porque la ley se los permite y dan fe pública de transacciones que, a pesar de todo, no pueden considerarse ilegales.

No hay delito que perseguir en contra de Cabrera u otros que actúen como él.

“El tema del notariado es demasiado accesible. Aquí cualquier abogado es notario. El que el abogado tenga depositada fe pública es un riesgo en este país”, opina la directora de Conamigua, Alejandra Gordillo.

“A mucha gente le ha hecho eso”, dice, rodeada de sus nietos Florinda, desde su cuarto de paredes ennegrecidas por humo de leña.

El relato contenido en los documentos de la señora Majzul continúa con un montón de comprobantes de depósitos bancarios realizados entre junio de 2007 y enero de 2008 a una cuenta del Banco de Desarrollo Rural a nombre de Rafael Cabrera Méndez que suman 75,400 quetzales (9,800 dólares).

Esos depósitos fueron realizados con remesas enviadas por Abel Majzul mientras estuvo trabajando en Estados Unidos pero el agiotista no reconoce como válidos, según el testimonio de la familia, que ni siquiera tiene claro cuál es la cifra que tendrían que alcanzar para saldar la deuda.

De acuerdo con Florinda Majzul, el prestamista dijo que los vouchers no tienen valor legal, un argumento que se repite en los casos que ha visto el empresario maderero Vinicio Solís.

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“A los prestamistas no les gusta que uno llegue a su casa a dejarles el pisto (dinero), sino que piden que les depositen a la cuenta. Viene usted, les deposita y salen con que el voucher no es un recibo ni comprobante de pago”, cuenta Solís.

Pero esos papeles son los que han ayudado a los Majzul a resistir la explosión de la bomba de tiempo que se activó con la partida de Abel en 2006.

En la experiencia de Conamigua, los intereses que se imponen están entre el 10 y el 15 por ciento de la cantidad total. La organización Vida Digna –que trabaja con 66 casos de migrantes deportados y que ahora acumulan deudas a estos prestamistas- coincide en esa estimación.

“Los intereses los tratan de forma verbal entre ellos. Es una simulación de contrato, es todo verbal”, dice, por su lado, el abogado Xiquit por eso en Calderas piden irse, no ven chance de dinero para invertir dos Unidos. Al llegar deportado a Guatemala no soloá Yool.

El Banco Centroamericano de Integración Económica calcula que el 40 por ciento de la población de Guatemala pertenece a grupos originarios.

Más del 42 por ciento de los guatemaltecos vive en zonas rurales, y es ahí donde, según Vida Digna, proliferan los prestamistas y las cajas de ahorro que ofrecen los créditos a la gente pobre que no califica para pedirle prestado a un banco.

De acuerdo con la directora de Conamigua –que se encarga de la defensa legal de las personas afectadas con su abogado Ubaldo Villatoro- el caso de la familia Majzul y su conflicto con el prestamista ilustra miles de situaciones similares.

“Son prestamistas con cara de caja rural. Funcionan donde no llegan los bancos. Están por semanas y desaparecen”, dice un organizador comunitario del departamento de Quetzaltenango que pide guardar su identidad por seguridad.

Vida Digna calcula que hay más de 100 supuestas cajas de ahorro operando en Guatemala, principalmente donde hay población indígena, y Conamigua las identifica como “fachadas” de prestamistas.

Las cajas comenzaron en Guatemala como un intento de enfrentar la pobreza en zonas rurales después del conflicto armado del país, a inicios de la década de los 90, de acuerdo con el Banco Mundial, que junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó proyectos para crear cajas de ahorro en 2010.

Y ahora ese modelo de desarrollo ha entrado en la dinámica de la migración y la delincuencia sin regulación del gobierno, según la directora de Conamigua.

“Son prestamistas encubiertos de empresas, son usureros. Son lo mismo, solo que con una fachada empresarial. No hay ninguna regulación”, dice Alejandra Gordillo.

De los entre 120 mil y 150 mil guatemaltecos que emigran cada año, las autoridades migratorias calculan que la mitad pide un préstamo para pagarle al coyote, es decir, por lo menos son 60 mil.

Si en promedio esos 60 mil se endeudaron con 40 mil quetzales, como la familia Majzul, la suma de esa inversión (sin contar los intereses) ronda los 2 mil 400 millones de quetzales, es decir, más de 314 millones de dólares.

Presos por vivir en su casa

Ya pasaron seis años desde que el hombre de la casa de los Majzul volvió con el estigma de ser un deportado y con el que sería el último comprobante de pago a Cabrera. No más remesas, no más dólares.

Florinda y sus dos hijas, como la mayoría de la población indígena de Patzún, buscan trabajo en el campo donde los hombres ganan 40 quetzales al día y ellas, por ser mujeres, solo 20. Con ese presupuesto, no hay más pagos al prestamista.

Son seis años de atesorar esos comprobantes de depósitos que para ellas son como el sustituto de las escrituras que la familia Majzul cedió en el contrato de compra venta.

Otros que no tienen esos papeles para defenderse, han acabado en la calle o en la cárcel.

“Nosotros hemos tenido personas que están presas por vivir en su propia casa”, dice la directora de Conamigua.

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En otro punto de Patzún, vive el señor Juan Barragán, quien está recién salido de prisión y se negó a hablar de su caso. “Es uno de los que han estado presos por vivir en su casa”, dice la directora de Conamigua, que llevó la defensa de Barragán.

En el resumen de su expediente se muestra que Barragán también fue denunciado por Rafael Cabrera Méndez por el delito de “usurpación agravada” e ingresó a prisión desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2015, cuando su acusador desistió de la denuncia.

El juzgado tiene previsto un debate público en junio de 2016 sobre el delito que se le imputa a Barragán y no sobre las acciones de Cabrera. De nuevo, a los prestamistas no hay delito que imputarles.

En algún lado andará la señora Rosario Agzac, una de las 25 personas que han perdido su casa en Patzún, de acuerdo con un grupo de familias que se organizaron en torno a esa problemática pero que también pidieron no ser identificadas.

Las llamadas a más personas afectadas son respondidas de mala gana, con desaires, con gritos.

Hacer públicos sus casos no ayudará a que les devuelvan sus casas. “Solo más problemas”, dicen. “Me da miedo verlo, le tengo pánico. Me duele el estómago al verlo”, se queja una habitante de Patzún, cuando habla de su prestamista.

El miedo es por lo siguiente:

Una parte importante en el negocio de los préstamos es la labor que hacen los propios coyotes que captan clientes para los agiotistas. “Los prestamistas se volvieron socios de los coyotes y de los narcos”, asegura el líder comunitario.

“La mayoría de prestamistas que dan ese tipo de servicio están ligados a notarios y a coyotes, y algunos están ligados al crimen organizado”, afirma Alejandra Gordillo.

Y un coyote identificado como “José” entrevistado en San Pedro Sula, Honduras, lo dice así: “Todos los coyotes tenemos que tener un patrón en específico, tienes que trabajar con un cártel, no te puedes mover tu solo”.

La que era casa de doña Rosario tiene fachada de block y un portón de hierro. Está manchada de pintura azul, en lo que parece un trabajo que quedó a medias. Tiene un montoncito de grava entre brotes de hierba que podría servir para alguna labor de construcción.

Los grafiteros, que buscan lugares abandonados, ya la usaron para escribir sus garabatos. Y a ella no le importa ya. Tiene miedo y no dio pelea en los juzgados, como muchos otros, por miedo.

“Se sabe de varios casos que no han sido asistidos en tribunales, que no han requerido apoyo y han entregado los inmuebles sin batalla legal. Son muchísimos en todo el país”, dice la directora de Conamigua.

Alejandra Gordillo estima que Cabrera, un prestamista entre “cientos” en Guatemala, tiene unas 250 propiedades obtenidas de sus clientes que le pidieron dinero prestado. Sin embargo, no existe un registro exacto porque –dice- esas propiedades no están a su nombre, sino de “testaferros” (prestanombres).

“Cabrera tiene 15 denuncias pero el ministerio público no hace nada. Lo que se ha hecho es presión mediática y una denuncia de violencia en contra de la mujer”, asegura Gordillo, refiriéndose a la denuncia que derivó en la orden de protección a la familia Majzul.

Cabrera Méndez, de 54 años, es el prestamista más conocido de ese municipio serrano de Chimaltenango y de otros en el departamento de Quetzaltenango, de donde es originario.

Él ha sido señalado por sus clientes en medios de comunicación y siempre ha sostenido que no hace préstamos, que solo es un agricultor y que son falsas las acusaciones en su contra.

La aldea de la gran redada

En los caminos de la Guatemala indígena, en sus serranías, sus valles y en las faldas de sus volcanes, anda la gente doblemente oprimida por la pobreza y las deudas que les pesan como plomo.

En la aldea San José Calderas (3 mil habitantes), siempre en el municipio de Chimaltenango, hay una arraigada tradición migrante y 123 personas (de un total de 290) que fueron atrapadas en la famosa redada de una procesadora de carne en Postville, Iowa, en mayo de 2008.

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Uno de esos 123 se llama Fausto Guerra Castellanos y lo cuenta desde el que aún es su patio de tierra (le debe 40 mil quetzales a un pastor religioso) sentado en un paquete de leña que más tarde venderá a 15 quetzales (dos dólares):

“Estábamos sacando carne cuando nos encerraron y nos dijeron que ya no nos moviéramos. Entraron a la fábrica y rodearon todo. Nos agarraron uno por uno y nos quitaron las batas que nos dieron, el casco, los cuchillos.

Nos tuvieron detenidos como unas tres horas adentro de la fábrica. De ahí nos sacaron amarrados de las canillas (piernas), de las manos y la cintura. Descalzos íbamos”.

Fausto, campesino, debe ahora los mismos 40 mil quetzales que pidió prestados en 2006, el dinero que le pagó al pastor evangélico fue considerado parte de los interesas, no de la deuda en sí.

Con los 15 quetzales diarios de su venta de leña y la cosecha de frijol que siembre en una “cuerda” de terreno (750 metros cuadrados) y siete hijos que alimentar, no piensa pagar a menos que emigre otra vez.

Para pagar su deuda tendría que vender dos mil 666 paquetes de leña y no gastar nada.

El pastor que le prestó dinero no lo acosa, pero sí espera que antes de terminar al final del año le entregue su casa a cambio de la deuda, como quedó estipulado en un contrato sin valor legal, según Fausto.

Es lo que el abogado Julio Xiquitá llama “simulación de contrato” que puede ser verbal o en escrito en una hoja en blanco que –según Xiquitá- siempre queda en manos del prestamista.

Como a Fausto, a la mayoría de los 123 retornados de Calderas les explotó la bomba de tiempo y volvieron igual de pobres y con “intereses” que pagar, según lo cuenta desde esa nublada aldea de las faltas del Volcán de Fuego, Florencio González, fundador de la Asociación de Deportados Guatemaltecos, que sufrió la redada con dos de sus cuatro hijos.

Así recuerda la vida en su pueblito antes de 2008:

“En 2007 yo había comenzado a pagarle al prestamista y a darle educación a mis hijos, con una señora para que cuidara a la niña de tres años y a otra de seis (…) En Calderas los niños estudiaban, y se hicieron casitas más regulares”.

Y así habla de lo que pasó después, en aquel día fatídico:

“Pasó la redada y eso nos trajo al suelo a todos. Se acabaron los sueños. Hay personas que todavía deben demasiado dinero. Acá es duro venir porque venir a encontrar a la familia en escasos recursos económicos y más duro con una deuda encima”.

Seis años después, su casa sigue comprometida con una deuda de 22 mil quetzales (2,900 dólares) que contrajo con un amigo suyo, cuenta don Florencio recargado en una camioneta descompuesta que ya no piensa arreglar.

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En San José Calderas la vida pasa con 22 por ciento de las personas “desocupadas”, 66 por ciento en condiciones de pobreza y con más de la mitad de su población menor de 20 años, según ha documentado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Y el departamento de Chimaltenango, al que pertenecen San José Calderas y Patzún, está ubicado en una región de alto riesgo por el crimen organizado, las maras y los secuestros de niñas, niños y jóvenes, de acuerdo con las investigaciones de Flacso.

En estas tierras están personajes que actúan como Rafael Cabrera y las cajas de ahorro que en realidad no lo son, y en lugar de fomentar el desarrollo agrícola, hace préstamos para financiar a los coyotes.

En 2014, las remesas alcanzaron los 5 mil 544 millones de dólares, según el Banco de Guatemala (11 por ciento del PIB). Ese dinero sirve para dar educación, salud y alimentar a los que quedan, pero una buena parte también va a parar a manos de los prestamistas.

El 18 de diciembre de 2014, el juzgado de Chimaltenango anuló la demanda en contra de Florinda Majzul porque la defensa de Rafael Cabrera escribió mal el nombre del juzgado. Así, quedó “sin valor ni efecto jurídico” su ofensiva legal para  expulsarlos y quedarse con la casa, pero las escrituras siguen siendo suyas.

Según Alejandra Gordillo,  Conamigua ahora está exigiendo a la juez que se regrese el derecho posesorio a la familia. Mientras esto no ocurra Cabrera puede volver a denunciar.

Entre los peluches de las paredes de la casita de los Majzul hay también imágenes de vírgenes y una foto de Abel de cuando era pequeño. Está bien cuidada y forrada con plástico. En la mesita está el folder con los comprobantes de depósitos que envió desde Estados Unidos.

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Esa es la llave de Florinda Majzul para desactivar la bomba que Rafael Cabrera les dejó instalada sin que ellos lo supieran. Según los representantes de Conamigua, contrario a otros casos, esta familia sí tiene suficientes pruebas de que cumplió y confían en que pronto el prestamista desistirá del desalojo y desaparecerá de sus vidas.

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