Pasaron años para que Reyna Panzo -que no hablaba español- supiera las causas de su encarcelamiento. Una noche abortó, su familia la delató y fue acusada de homicidio agravado.

Por Ruta 35

Zongolica, México.- Una mujer indígena de 23 años llamada Reyna Panzo Panzo dio a luz en la penumbra, a solas, nadie sabía que estaba embarazada. Su suegra escuchó el llanto infantil desde su cuarto antes de que la bebita perdiera la vida.

A ocho años de esa madrugada triste, Reyna pregunta desde su celda cómo es el clima afuera de los muros del Penal de Zongolica. “¿Hace calor afuera? Ojalá que pronto me voy (sic)”, dice la mujer, ya con 31 años.

Reyna Panzo fue acusada de homicidio agraviado y sentenciada a 35 años de prisión, aunque una apelación ayudó a reducir su condena a 20 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Tzacuala, de Tehuipango, uno de los municipios más pobres del país. El esposo de Reyna había migrado a Estados Unidos huyendo de la miseria de esa región de Veracruz.

Según el expediente del caso, la mamá del esposo de Reyna se dio cuenta de la muerte de la bebé y avisó a los papás de la jovencita, quienes la llevaron con el síndico de su municipio y él a su vez la entregó al Ministerio Público.

La defensa de la acusada afirma que, por obvias razones, no quería que sus suegros supieran de su embarazo pero también aseguran que las causas de su gravidez no han sido establecidas.

Reyna nació y creció en una región donde los derechos de las mujeres , en la práctica, no se aplican cabalmente, y son violentadas de manera sistemática sin derecho al acceso pleno a la justicia.

Adriana Fuentes Manzo, abogada de la ONG, Equifonia, lo explica:

Su suegra asumió que la bebé fue producto de una infidelidad y que Reyna la mató, por lo tanto, le avisó a los papás. Ellos también lo asumieron así y llevaron a su hija con un funcionario municipal.

Ese funcionario asumió funciones judiciales y llevó a Reyna -que no hablaba español- ante el ministerio Público donde no tuvo el derecho a contar con un traductor. Por lo tanto, no pudo dar su versión de manera clara en su declaración preparatoria.

“A nadie le importó su salud. Su derecho a la presunción de inocencia no se hizo valer, ¿Se le dio el debido proceso? hay falta el análisis de las circunstancias. Hay muchas dudas.

Lejos de si lo hizo o no lo hizo, no se le garantizaron sus derechos. La autoridad, desde el momento en que la remiten, hizo una valoración. Sin derecho a la presunción de inocencia”, dijo la abogada.

La neurocirugía realizada a la bebé indica que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Además, se establece que la recién nacida tenía una herida en el rostro causada por unas tijeras.

La abogada de Equifonía (que se dedica a defender los derechos de las mujeres), cree que si Reyna hubiera querido perder a su bebé, no habría esperado hasta los nueve meses.

Con la defensa legal de Reyna recién asumida, esa organización intentará comprobar que el Ministerio Público no le facilitó un traductor a la acusada y que tampoco tuvo el derecho a la presunción de inocencia.

Creen que nunca se valoró la posibilidad de un accidente y que la mujer indígena de 28 años es una presunta culpable víctima del sistema judicial. “El punto central es saber si tuvo las garantías del procedimiento”, explica Adriana Manzo.

Reyna tiene dos hijos más. Uno concebido antes de su encierro y otro más de cinco años de edad que dio a luz dentro de la cárcel.

Sentada en una silla de plástico junto a su cama, la mujer le da vueltas al entramado judicial que la tiene encerrada. Le cuesta asumir que ya lleva ocho años encerrada y quiere salir.

“Más mejor que me vaya ya”, dice, con voz tenue, ante la mirada de una custodia que vigila la plática de Reyna con las representantes de Equifonía.

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